“Estaban viviendo en carpas, a la intemperie, sin su correspondiente higiene. No había ni siquiera agua potable. Había vulneración de derechos en todo sentido”, detalló Musurana , jefe del Departamento Región 5 de Trata de Personas.

Según trascendió, trabajaban de lunes a lunes (entre ellas dos menores de edad) en tareas de desmalezamiento; cobraban 300 mil pesos cada quince días; se les descontaba las comidas de cada jornada; hacían sus necesidades fisiológicas en un tacho; y carecían de agua potable. Fiscalía informó que las personas rescatadas dormían en colchones que eran colocados dentro de carpas.

Como resultado del procedimiento, los agentes de Trata de Personas secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones e identificaron a dos personas que quedaron vinculadas a la causa.

La investigación detectó a su vez que las personas rescatadas no tenían posibilidad de retirarse del lugar (había algunas que eran oriundas de Santiago del Estero), tampoco medios de comunicación. Además, no sabían ni leer ni escribir y solo algunos tenían documentos nacionales de identidad.